Novedades en la ley de servicios de pago y medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

Fecha de publicación: 29/07/2010

LEY 16/2009, DE 13 DE NOVIEMBRE, DE SERVICIOS DE PAGO

Esta norma entró en vigor el 4 de diciembre de 2009 y tiene como objeto adecuar las normas españolas a las comunitarias, para crear un marco jurídico común que regule el funcionamiento del mercado único de los servicios de pago, garantizando la misma facilidad, eficiencia y seguridad en todos los pagos que se realicen en la Unión Europea.

La nueva ley de Servicios de Pago afecta a los pagos en euros o monedas nacionales de los estados miembros, sin límite de importe, que se realicen dentro del espacio de la UE, aplicándose, principalmente, a los medios de pago más utilizados: transferencias, domiciliaciones, operaciones con tarjetas de débito o crédito, y a los ingresos y retiradas de efectivo en cuenta.

Estas son las principales novedades:

 No habrá distinción de tratamiento entre pagos nacionales y transfronterizos en el espacio de la UE para las operaciones de pago reguladas por la ley.

 Las operaciones de pago se tramitarán de acuerdo con el “Identificador Único”(*) del destinatario que facilite.  Las entidades no están obligadas a comprobar otros datos como el nombre.

 Los gastos serán compartidos.  En España el ordenante asumía todos los gastos derivados de una operación. En el caso de las domiciliaciones, era la entidad emisora de los recibos la que asumía las comisiones por la domiciliación de sus recibos, mientras que en las transferencias era siempre el ordenante el que pagaba las comisiones.

Ahora, la nueva ley de Servicios de Pago establece como norma el criterio de gastos compartidos, de manera que cada parte deberá hacer frente a sus gastos.   El ordenante abona a su entidad los gastos que aplique a la operación de pago y el beneficiario abona los que le aplique la suya.  La tramitación de una operación con opción de gastos distinta a esta de gastos compartidos no garantiza que la entidad de crédito del cliente destinatario la vaya a respectar.

A partir de ahora los comerciantes podrán cobrar suplementos, recargos, o hacer descuentos por utilizar determinado medio de pago, una práctica que hasta ahora impedían los contratos entre emisores de tarjetas y comercios.

 En las transferencias bancarias,  es importante que el ordenante verifique cuidadosamente que el “Identificador Único” del beneficiario que facilite al banco, sea correcto, y que el beneficiario sepa que la “fecha valor” del abono en su cuenta ahora coincidirá con la fecha en la que su entidad de crédito reciba los fondos de crédito del ordenante.

 Devolución de recibos domiciliados.  El ordenante (deudor o pagador) podrá solicitar la devolución de una operación de pago autorizada hasta un plazo máximo de 8 semanas contadas desde la fecha del cargo en su cuenta (antes era de 30 días naturales).

En cualquier caso, sólo es posible devolver el recibo cuando en la autorización no se especifique el importe exacto de la operación de pago y cuando el importe del pago supera el que el ordenante podía esperar, teniendo en cuenta sus anteriores pautas de gasto y otras circunstancias. En algunos casos, será posible la devolución sin tener que cumplir los requisitos, pero es preciso pactarlo así en el contrato.   Por esta razón, y para evitar cargos indebidos, se recomienda indicar un importe límite al autorizar operaciones recurrentes, siempre que sea posible.
En el caso de que se haya asentado en su cuenta una operación de pago no autorizada, se debe comunicar a la mayor brevedad posible, para que se proceda a gestionar de forma inmediata el reembolso del importe de la operación.
El beneficiario (emisor o cedente) debería verificar que dispone de la autorización del ordenante para las domiciliaciones que ceda para su cobro, ya que en el caso de que una operación no estuviera autorizada, el ordenante podría devolverla hasta en 13 meses.

Además, cuando el ordenante niegue haber autorizado una operación de pago ya cobrada, le corresponderá al beneficiario la carga de la prueba.

 Más seguridad para el usuario

– Las entidades deben garantizar que los elementos de seguridad sólo son accesibles al titular. Por ello soportarán los riesgos derivados del envío de las tarjetas, los PIN de las tarjetas o las claves de acceso para poder realizar pagos a través de Internet.

– Se prohíbe el envío de medio de pago no solicitados por el usuario.

– Las entidades deben contar con medios adecuados y gratuitos para comunicar la pérdida, robo o uso indebido del instrumento de pago, y con registros que demuestren que se ha efectuado esa comunicación (durante al menos 18 meses).

– Se establece legalmente el límite de responsabilidad del usuario por uso fraudulento de instrumentos de pago, quedando fijado en 150 euros. Hasta ahora la aplicación de ese límite era solo una recomendación de la Comisión Europea, por lo que algunas entidades no lo incluían en sus contratos y otras lo hacían, pero con restricciones.

– El límite de responsabilidad se aplica a todos los instrumentos de pago. Por ejemplo, a partir de ahora también están cubiertas las operaciones en cajero realizadas con libreta, hasta ahora excluidas.

(*) Identificador único: una combinación de letras, números o signos, asignados por una entidad de crédito a su cliente, con el objeto de que este se identifique de forma inequívoca en una operación de pago.  Para las transferencias y adeudos domiciliarios la identificación es el CCC (Código Cuenta Cliente), IBAN (International Bank Account Number), BIC (Bank International Code) y para los pagos con tarjeta, el PAN (Personal Account Number) que es el código que figura en el anverso de la tarjeta.

LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA L. 3/2004 POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES
Esta norma entró en vigor el 7 de julio de 2010, ante la necesidad de adaptarse a los cambios producidos en el entorno económico desde el 2004 y ante los efectos de la crisis, que se han traducido en un aumento de impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, afectando, en especial, a pequeñas y medianas empresas que funcionan con gran dependencia al crédito a corto plazo y limitaciones de tesorería.

Esta ley introduce algunas modificaciones como son:

PLAZOS DE PAGO

La novedad fundamental de esta modificación normativa es la supresión de la posibilidad de “pacto entre las partes”, desapareciendo la cláusula “el plazo de pago que debe cumplir el deudor será el que se hubiera pactado entre las partes, dentro del marco legal aplicable.”

► De esta forma se establecen plazos de pago máximos según las siguientes circunstancias:

 Entre empresas, con carácter general y a partir de 2013, sesenta días a partir de la entrega de bienes o de la prestación de servicios.  Por su parte, los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente antes de que se cumplan treinta días desde la recepción efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios.

 Con Administraciones Públicas (en adelante AA.PP)., con carácter general y a partir de 2013, treinta días desde la fecha de expedición de la certificación o documento acreditativo de la realización total o parcial del contrato, así como cuando no proceda la expedición de certificación de obra, desde la entrega de las mercancías o prestación de los servicios.

►  Se establecen, asimismo, periodos transitorios hasta 2013: 

 Entre empresas:  85 días hasta 31 de diciembre de 2011 y 75 días hasta 31 de diciembre de 2012.

 Con AA.PP.:  55 días hasta 31 de diciembre de 2010, 50 días hasta 31 de diciembre de 2011 y 40 días hasta 31 de diciembre de 2012.

►  De igual forma, la normativa contempla las siguientes excepciones:

 Para productos alimenticios frescos y perecederos, cuyo plazos de pago se mantienen en 30 días a partir de la fecha de entrega de mercancías, sin la aplicación de periodos transitorios.

 Las empresas que mantengan contratos vivos con las AA.PP. podrán acordar plazos de pago con sus proveedoras y/o subcontratas los siguientes plazos: 120 días hasta 31 de diciembre de 2011 y 90 días hasta 31 de diciembre de 2012.

 Supresión del último párrafo de la disposición transitoria primera que establecía en la Proposición de Ley aprobada por el Senado «En el plazo máximo de 3 meses, los contratos en vigor se adaptarán a los plazos de pago establecidos en la presente disposición transitoria». Es decir, no se ajustarán las deudas pendientes de cobro entre empresas a los plazos establecidos en la nueva Ley, al menos que se pacte una novación contractual.

 Por último, el Gobierno podrá determinar un régimen especial de pagos para el sector de distribución de libros.

INCUMPLIMIENTO

Se mantienen las principales medidas sustantivas contra la morosidad que preveía la anterior normativa, en cuanto el devengo de un tipo de interés de demora, así como para la indemnización por costes de cobro. No obstante se amplían las posibilidades de que las asociaciones denuncien prácticas abusivas en nombre de sus asociados.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Dentro del Ministerio de Industria se establecerá un órgano de seguimiento de la morosidad con participación de asociaciones multisectoriales de ámbito estatal y autonómico, así como de la Plataforma Multisectorial contra la morosidad.

Se deberá elaborar un informe de seguimiento de la morosidad por el Gobierno con periodicidad anual.

Se establecerá un procedimiento de control sobre la evolución de la morosidad en las Comunidades Autónomas y Entes Locales por parte de la Intervención General del Estado, y se dispondrá de un registro de facturas en las Administraciones Locales con el fin de controlar los expedientes de reconocimientos de las obligaciones, derivadas de los respectivas certificaciones de obra o de los actos administrativos de conformidad con la prestación realizada.

Se publicará la información sobre los plazos de pago a sus proveedores por parte de las sociedades en la Memoria de las cuentas anuales, de tal forma que pueda ser auditable de conformidad con los plazos establecidos por la Ley.

FINANCIACIÓN A ENTES LOCALES

Establecimiento de una línea de crédito ICO para que las Entidades Locales puedan facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad a 30 de abril de 2010.

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